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Lo
que se conoce como derecho social a la información se integra
básicamente con la recíproca obligación del Estado de suministrar
información de interés público a la sociedad civil.
Una de las asignaturas pendientes del Estado argentino es
el dictado de un sistema normativo referido al acceso a la
información, por el que los funcionarios estén obligados a
entregar la información de interés público requerida por cualquier
ciudadano o por cualquier organización no gubernamental, para
que haya mayor control social y transparencia.
Dado el grado de desarrollo de los actuales medios, recursos
e instrumentos de comunicación, resulta evidente que, no puede
considerarse cumplida esta obligación por las publicaciones
efectuadas en medios arcaicos y sin distribución efectiva
a la población en general, como los boletines oficiales y
otros instrumentos similares de difusión.
Además, el Estado debe limitar al máximo la utilización del
concepto de "información pública reservada", que debe reducirse
a casos puntuales y taxativos que incidan real y directamente
en la supervivencia del Estado, la Nación o la Comunidad.
Nuestra Asociación considera importante trabajar en defensa
del acceso democrático a la información de interés público:
impulsando normativa de protección y ejecución de este derecho,
generando y difundiendo información de ese carácter, asesorando
y capacitando a personas y organizaciones sobre sistemas,
medios, recursos y herramientas de producción y difusión de
la información, tanto respecto a los medios tradicionales
y a los denominados "medios alternativos de difusión" como
a los nuevos medios electrónicos de comunicación; y realizando
diferentes actividades en colaboración con otras organizaciones
y medios de comunicación.
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